LA REINA DE LOS FALSOS TESTIGOS

Un falso testigo no es un accidente procesal; mucho menos resultado del azar que en ocasiones parece gobernar la administración de justicia.

Un falso testigo es un elaborado producto de un pervertido uso del poder por parte de quienes tienen la facultad de investigar, consagrado –en el peor de los casos—por la irresponsabilidad o el prejuicio de quien ha de juzgar. Por lo menos esto dicta la experiencia personal de mi esposo, el coronel Alfonso Plazas Vega, y mi familia.

Como seguramente es sabido por todos, el pasado mes de diciembre, la Corte Suprema de Justicia declaró la inocencia del coronel Plazas Vega frente a los hechos que se le imputaron en relación con la desaparición de personas tras la operación de recuperación del Palacio de Justicia en 1985 y por los que injusta mente permaneció privado de la libertad por especio de ocho años y seis meses. Sin embargo, lo que muy probablemente muchos desconocen, además del indescriptible dolor provocado a un inocente y a sus seres queridos, es que detrás de las condenas de primera y segunda instancia revocadas por la Corte yace una sórdida historia de abuso criminal de sectores del poder judicial que conllevó a la construcción de una versión paródica de los acontecimientos y sus protagonistas.

El primer falso testigo en dicho caso fue un ex policía, Ricardo Gámez Mazuera, presentado por un reconocido sacerdote de izquierda y apoyado por los medios de comunicación, como agente de inteligencia participante en la operación de recuperación del Palacio de Justicia de las manos terroristas del M-19. Posteriormente a que la Procuraduría General de la Nación probara su falsedad   y tras haberse valido de su testimonio para privar de la libertad al coronel, la propia fiscal del caso, posteriormente lo descartó, forzada por la incuestionable inverosimilidad de sus dichos.

El segundo falso testimonio, empleado por la misma funcionaria fue el supuestamente proporcionado por el señor Edgar Villamizar, ex suboficial del Ejército Nacional, presentado como “testigo directo” de una inexistente orden de desaparición dictada por el Coronel Plazas Vega.

Este particular testimonio, da cuenta de la ausencia absoluta de escrúpulos y decoro en el ejercicio de su cargo por parte de la Fiscal del caso. Tras haber sido estimada como creíble la versión del señor Villamizar por la Juez de Instancia, no obstante la abundante evidencia que lo desvirtuaba, sobrevino la primera condena.

Lo increíble del caso vino después de este primer fallo; el propio Edgar Villamizar acudió a la Procuraduría General de la Nación a denunciar que había sido suplantado, puesto que la versión que se le atribuía como autor nunca había sido proporcionada por él, ni podía ser testigo de hechos en los cuales no había participado. En el expediente reposa la prueba de lo burdo y lo criminal de la acusación contra el Coronel; la firma que aparecía en la declaración ofrecida a la Fiscal del caso, en la que por supuesto no participó la defensa, no fue reconocida por su supuesto autor, hasta los datos personales más elementales como su propio apellido no correspondían a la realidad. En un ejercicio simple de peritazgo de lo indicado en la versión que se le atribuyó al suplantado frente al conjunto de evidencias que reposaban en el expediente, la Corte Suprema de Justicia lo descartó.

Un tercer testigo, el cabo Tirso Sáenz, se retractó en juicio de las falsedades aducidas en la investigación en contra de Plazas Vega. Al momento de retractarse, el señor Sáenz denunció que había sido contactado por dos investigadores de la Fiscalía mientras se encontraba recluido en la cárcel de Cómbita, cumpliendo penas por la comisión de delitos que no tenían relación con los acontecimientos del Palacio en 1985. El testigo fue inducido a faltar a la verdad en contra del Coronel Plazas Vega con la promesa de beneficios judiciales y retribuciones económicas. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, luego de desestimar la ponencia absolutoria del Honorable Magistrado Hermes Darío Lara Acuña, y apoyada por los medios de comunicación increíblemente revivió este falso testimonio para confirmar la condena, en contravía de la decisión de la Juez de primera instancia de desestimarlo y rechazarlo por su evidente falsedad.

Un cuarto testigo falso, un ex soldado de apellido Cardona que salió herido del Palacio y fue trasladado al Hospital Militar, también fue inducido por la misma Fiscal del caso para afirmar falsamente –en 2007— haber atestiguado el traslado de civiles desde el Palacio a la Escuela de Caballería en vehículos blindados. En su primera versión de los hechos, rendida en 1986 no había dicho nada al respecto; y no era para menos, dado que en momentos en que dice haber presenciado el traslado de personas, “para su posterior desaparición”, se encontraba internado en el Hospital Militar siendo atendido por su grave estado de salud.

El mismo año de la versión fantasiosa y criminal de Cardona, la Fiscal del caso sacó de la nada el testimonio de un señor César Sánchez, ex funcionario de la Alcadía de Bogotá para la época de los hechos, quien en su versión rendida en 1986 no había incriminado a Plazas Vega de delito alguno. Pero en 2007, este testigo varió sustancialmente su narración para reubicar en tiempo y lugar a Coronel contra el más mínimo sentido de la lógica y contra la evidencia del proceso.

Para fortuna de la administración de Justicia en Colombia, la Corte Suprema de Justicia recompuso tan oprobiosa actuación criminal de las autoridades judiciales que intervinieron en el curso del proceso, ya sea porque indujeron e incorporaron testigos falsos, o porque avalaron la credibilidad de relatos inverosímiles.

En la serenidad de la libertad, es incuestionable que la incursión de múltiples falsos testigos en el proceso contra el coronel Plazas Vega, estuvo orquestada por los propios funcionarios encargados de develar la verdad, aunque en la práctica la alteraran con un fines criminales.

Insisto, detrás de un falso testigo siempre está un funcionario que omite gravemente su deber de  investigar o juzgar con lealtad y probidad o abusa en forma criminal de estas mismas facultades. En nuestro caso, hubo tanto de lo uno como de lo otro.

Dejar respuesta