Sin razón para el optimismo

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Por: Rafael Nieto Loaiza

Sospecho que desde la noche misma del dos de octubre, el Gobierno decidió que iría adelante con el acuerdo con las Farc, aunque hubiera sido rechazado por la mayoría en las urnas. Las reuniones con los voceros del No fueron solo para mantener las apariencias. Por eso no los invitaron a negociar en La Habana, aunque hubo entre ellos un par que lo sugirieron. Por eso no aceptaron tampoco la propuesta de que el No tuviese unos testigos en esa negociación. Por eso después no se intentó siquiera mostrarles el texto que retocaron junto con las Farc.

Y por eso Santos ahora asume la derrota en el plebiscito como una mera pausa, una incomodidad, apenas una molestia que causa una demora, una de dos meses. En esta semana, con la “refrendación” aparente en el Congreso convierte el No en un Sí, por una vía de hecho, con la aquiescencia y el aplauso de los congresistas, los unos enmermelados y los otros convencidos de que “la paz” vale pagar cualquier costo. Costos que incluyen aliarse con los asesinos para humillar a los ganadores en el plebiscito, ahondar la división y la polarización social y política, torcerle el cuello al estado de derecho, y llevar esos seis y medio millones de ciudadanos de la mayoría a que concluyan con rabia que el voto no importa, que la democracia no vale nada, que lo que único que cuenta es manejar el presupuesto y controlar el Congreso y los tribunales de justicia.

Y ahora, en el colmo del cinismo, pretende que la Corte declare inconstitucional algunos aspectos del acto legislativo para la paz que el mismo Gobierno se encargó de apoyar en el Congreso, en particular el artículo quinto que sujetaba la vigencia de ese acto legislativo a la victoria en el plebiscito. Ganar el plebiscito, pues, era la condición de entrada en vigor tanto de ese acto legislativo como del acuerdo con las Farc. Como perdieron, ahora pretenden, descaradamente, y nadie se la cobra porque los medios se volvieron no solo acríticos sino complacientes e incluso áulicos, que los jueces tumben esa condición, de manera que el acto legislativo entre en vigencia. No les importa actuar contra lo que ellos mismos impulsaron.

No sé qué hará la Corte, pero confieso que no entiendo las razones del optimismo entre muchos del No con la ponencia de la magistrada Calle. Primero, porque su ponencia busca que se declare la constitucionalidad de los artículos uno y dos de ese acto legislativo. Esos artículos son un verdadero horror y establecen, por un lado, el recorte de las facultades parlamentarias que les son intrínsecas a los congresistas: en adelante no podrán ni definir la agenda legislativa sino que será la que establezca el Gobierno, ni proponer modificaciones a los proyectos de ley y de reforma constitucional que deben estudiar, ni votar positivamente algunos de sus artículos y negar otros. Lo llamé en su momento la autoemasculación parlamentaria. Por el otro, se entregan facultades extraordinarias al Presidente para legislar sobre lo divino y lo humano, en una hipertrofia presidencial como nunca en la historia democrática de nuestro país.

Para la señora Magistrada tal espanto es constitucional. Segundo, la ponencia dice sí que el acto legislativo está condicionado a la “refrendación popular” que establecía el artículo quinto. Pero lo dice no porque en su estudio haya llegado a esa conclusión, sino precisamente por lo contrario: porque sostiene que no puede analizar su constitucionalidad porque ese artículo no ha sido atacado en la demanda que ella estudia.

Pero… pero no le cierra la puerta a la teoría tramposa de que la del Congreso es una “refrendación popular indirecta”, teoría según la cual el plebiscito y su resultado terminan siendo apenas una anécdota incómoda. Y tampoco asegura que en una decisión que deben tomar prontamente, la Corte tumbe por inconstitucional ese artículo. Así las cosas, si la mayoría acoge la propuesta de la doctora Calle, el Gobierno asegura la constitucionalidad del espanto. Y después, con la caída posterior del quinto que por ahora se salva, el espanto entraría en vigencia. Y ahí quedamos en el peor de los mundos.

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