“¿Ratonera?” por Rafael Nieto Loaiza

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El 06 de noviembre de 1985, día en que la Sala Constitucional de la Corte Suprema decidía la constitucionalidad del tratado de extradición con Estados Unidos, el M-19, financiado porPablo Escobar, asaltó a sangre y fuego el Palacio de Justicia, con un doble propósito: tomarse el poder a través de un alzamiento que comenzaría con el juzgamiento del presidente Betancur y la destrucción de los expedientes de extradición que estudiaba la sala penal de la Corte. Eso explica por qué los magistrados asesinados fueron los integrantes de esas dos salas.

Con ocasión de la conmemoración, se han emitido opiniones irresponsables sobre los hechos sucedidos. Voy a intentar aclarar al menos una.

Se ha dicho que la fuerza pública facilitó el asalto retirando la seguridad el día anterior y que fue el hoy general Óscar Naranjo, supuesto jefe de seguridad de Palacio, quien lo hizo. Esa teoría, llamada de la ratonera, es falsa.

En principio, era la Rama Judicial, a través de su Consejo de Gobierno, quien estaba a cargo de la seguridad del Palacio. Para ello se había contratado una empresa de seguridad privada, Colbasec Ltda. Sin embargo, con ocasión de la visita de François Mitterrand a Colombia, que tuvo lugar el 17 de octubre de 1985, los medios de comunicación dijeron que había rumores de que se produciría una toma guerrillera del Palacio. En consecuencia, para la visita de Mitterrand se incrementaron considerablemente la seguridad del centro de Bogotá y del Palacio, al que se asignaron unidades policiales para reforzar el control de acceso. Ese refuerzo no se retiró un día antes del asalto sino el 01 de noviembre. El Palacio quedó con la misma vigilancia previa a la visita presidencial. Los magistrados, sin embargo, mantuvieron las escoltas de la Policía y del DAS que les habían asignado. Varios de ellos murieron asesinados por el Eme.

El retiro de la seguridad policial extra a Palacio no fue gratuito ni inconsulto. El incremento de los controles de acceso había generado molestias en los magistrados, algunos de los cuales se quejaban de la “militarización” del Palacio. Eso explica que, entre el 01 de noviembre que se retiró la seguridad extra, y el 06, día de la toma, no haya habido ninguna solicitud por las Cortes para que volvieran los policías retirados. Además hay testimonios de magistrados, así como de policías de muy distinto rango, de generales a subtenientes, que confirman tal molestia. Todos coinciden en que días antes de la toma, el presidente de la Corte Suprema de Justicia había solicitado expresamente retirar la seguridad extra. Copio apartes de esos testimonios:

“el señor Mayor me transmitió la orden de suspender el servicio ya que habían manifestado que el Palacio se había convertido en un Batallón o cosa por el estilo”, “el Doctor Reyes Echandía manifestó que no quedaba bien “militarizar” la Corte Suprema de Justicia”, “[el coronel Herrera] venía bastante disgustado porque había hablado con el Dr. Echandia en donde le pedían que retiraran el personal porque había quejas de que ellos requisaban excesivamente el personal de magistrados y que eso no era una cárcel, que quitaran el servicio de ahí”, “fui llamado al despacho del doctor Reyes Echandía Alfonso y estando en su oficina me manifestó que como algunos magistrados y abogados litigantes se encontraban inconformes con la presencia de tanto Policía me rogaba que dispusiera el levantamiento del dispositivo”, “el dispositivo de refuerzo del servicio de Palacio de Justicia se redujo […] en consideración a que Magistrados y Abogados habían protestado por la militarización del Palacio”.

En el retiro de la seguridad extra a Palacio hubo un error de juicio, pero no mala fe.

Por otro lado, Óscar Naranjo nunca fue jefe de seguridad de Palacio. Entonces capitán de contrainteligencia, se limitó a hacer un estudio sobre la seguridad de la infraestructura y las comunicaciones de Palacio que presentó a las Cortes en octubre de 1985. ¿Porqué el afán de enlodarlo ahora? .

Por: Rafael Nieto Loaiza

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