POLÉMICO FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ABRE EL CAMINO A LA LEGITIMACIÓN DEL MICROTRÁFCO

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El controversial fallo de la Corte Suprema de Justicia que contiene  modificaciones a lo que se considera la dosis mínima de sustancias como marihuana y cocaína, abre una peligrosa puerta a escenarios que sin duda resultan abiertamente contraproducentes para la sociedad colombiana, desde el ámbito político, jurídico, social y por supuesto, de salud pública.

Como primera medida vale la pena resaltar que una vez más, las cortes se están atribuyendo la facultad y jurisdicción independiente que tiene el Congreso de la República para legislar sobre la materia. No es función de las altas cortes convertirse en una especie de tribunales de colegiación o legislación paralela para tomar este tipo de decisiones tan trascendentales que son competencia del órgano legislativo.

Entrando a las consideraciones de fondo, este fallo ha utilizado el pretexto del necesario consumo medicinal y terapéutico para, de acuerdo con el mismo, “terminar con la judicialización del consumidor y dedicar estos esfuerzos a los grandes eslabones del narcotráfico”. Esta vaga consideración puede convertirse en arma de doble filo, toda vez que desde el punto de vista médico o científico se tendría que evaluar minuciosamente consumidor por consumidor cuánto requiere para su tratamiento o en dado caso, para su adicción.

Lo anterior deriva en una gravísima crisis de salud pública. Así las cosas, ¿dónde están los estudios especializados que sustenten esta parte de la argumentación del fallo? En el mismo sentido, ¿el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud u otras autoridades relacionadas con la materia han dado concepto o elaborado una hoja de ruta para diseñar una política pública sobre el particular? Si es así nos gustaría conocerlo.

Desde el punto de vista del control policial y posterior judicialización también se abre un enorme agujero de dudas e imprecisiones, por ejemplo, ¿cómo operaría la policía si no se tiene claro cuántos gramos de la sustancia psicoactiva necesita el adicto para su consumo recreativo?. Peor aún, ¿cómo van a probar las autoridades en qué casos los capturados llevan la sustancia para su consumo y no para su comercialización?

De no poder diferenciarse lo anterior queda allanado el camino para la legitimación del microtráfico, el expendio sistemático de alucinógenos en colegios y universidades, la pululación de los llamados jíbaros en lugares de sana diversión y desde luego, una enorme problemática de salud pública combinada con violencia, cruces de cuentas y el aumento de zonas controladas por narcotraficantes.

Gracias señor presidente

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