Las cuentas alegres del señor Lozada

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Por Eduardo Mackenzie

Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, entrevistó el 6 de diciembre pasado a Carlos Antonio Lozada, alias de Julián Gallo, un tenebroso jefe de las Farc, quien se encuentra libre y visitando en estos momentos a Bogotá, junto con otros “negociadores” de ese movimiento narco-terrorista. Lo que salió de ese diálogo es de primera importancia para el país. Buscado por Estados Unidos por tráfico de drogas, y ex jefe de varios escuadrones de la muerte de las Farc,  Lozada dijo lo que piensa del plebiscito del 2 de octubre de 2016, definió las metas del hipotético “gobierno de transición” que exigen las Farc y describió los objetivos alucinantes de la llamada “justicia especial de paz”, un mecanismo de masiva represión política y social en el mejor estilo mao-stalinista que Santos y su clique tratan de hacer pasar  como un apacible logro “progresista” de la “justicia transicional”.

Sin embargo, muy pocos observadores han comentado esas declaraciones. Para Lozada el plebiscito del 2 de octubre no vale nada,  su resultado no debe ser tenido en cuenta. Luego el “acuerdo de paz” no está muerto. Según él, hay que desoír el voto popular y continuar la marcha hacia el “gobierno de transición” que él y Timochenko, su jefe, piden. Lo que piensa Colombia sobre el derrumbe de las instituciones liberales del país le vale un pepino. Santos está en pleno acuerdo con él sobre eso. El invento anti-constitucional del “fast track” es el acatamiento de Santos ante esos designios. De hecho, ya existe un nuevo régimen. Este desacata lo que mandó el voto popular y avanza sin esperar siquiera el veredicto de la Corte Constitucional.

El ex jefe del bloque oriental de las Farc se vale de una falsa operación de aritmética para  insultar a los colombianos. El hace como si los electores que se abstuvieron de ir a validar el engendro de La Habana (que Santos y Timochenko llaman “acuerdo de paz”) no contara.  En realidad, quiéralo o no el señor Lozada, esa abstención pesa y es muy significativa. La lógica de los plebiscitos es diferente de la de las otras elecciones políticas. No solo los partidarios del NO ganaron la votación del 2 de octubre sino que éstos más los que no acudieron a las urnas para validar expresamente el acuerdo Santos-Farc crearon un fenómeno de rechazo indiscutible a esa propuesta  que cubrió el 85% de la base electoral colombiana. La derrota de tal proyecto fue por eso muy clara para los colombianos y para la opinión pública internacional. Nadie entiende  cómo los noruegos pudieron darle a Santos un premio por un plan de paz que no ha sido realizado y que genera, por el contrario, la oposición de las mayorías.

Lozada prometió que las Farc harán, ahora sí,  proselitismo político “sin armas”. Sin embargo, los hechos dicen otra cosa: ese proselitismo  ya comenzó (su visita a Noticias Caracol es parte de ese proselitismo) aunque las Farc siguen armadas y han aplazado sus traslados de tropas hacia las veredas  previstas  en el acuerdo, hasta que Santos los amnistíe a todos.

La meta principal del “gobierno de transición” es, para Lozada, “la implementación de los acuerdos”, es decir la realización material de lo que dicen las 310 páginas  convenidas en Cuba.  “Los acuerdos por sí mismo (sic) no son la paz”, explica Lozada. La otra meta de ese “gobierno” será  la “generación de las condiciones económicas, políticas, etc”, mencionadas en el acuerdo. Es decir, el comienzo de los pagos financieros del Estado a los jefes y miembros de las Farc, la entrega de tierras y el despeje de las zonas especiales, con población, mejoras e infraestructuras, que pasarían a ser dominio territorial durable de esa organización armada. Sin hablar de la entrega de periódicos, radios y cadenas de televisión para que hagan propaganda  y la llegada de ellos a las cámaras legislativas. Sin olvidar la puesta en marcha de la guillotina judicial que Santos les aprobó bajo el nombre de “jurisdicción especial de paz”.

Ese “acuerdo de paz” es, pues, para Lozada, “irreversible”: el gobierno que saldría de las elecciones presidenciales de 2018 –si el país tiene la suerte de llegar a esa elección–, no lo podrá derogar. Veremos si la cosa es a otro precio.

A la pregunta sobre la “dejación de armas”, Lozada prometió bellezas: serán “guardadas en contenedores” y en su totalidad (pero sobre los testigos del llenado de esos contenedores no dijo una sola palabra) y reveló que  los “negociadores”, al discutir internamente ese punto, habían previsto guardar una parte, mientras decían que las entregarían todas.  Finalmente, según Lozada, decidieron entregarlas todas pues la “credibilidad de las Farc” se derrumbaría si el Estado encuentra las armas escondidas.

La parte más intensa de la entrevista giró en torno de la “jurisdicción especial de paz”: el jefe fariano abandonó su sonrisa de circunstancia para afirmar en tono severo que con ella juzgarán a presidentes, militares, senadores, magistrados, empresarios, industriales y hasta a los periodistas “que también han estado inmersos en el conflicto”.  ¿Inmersos cómo?  ¿Por qué? La respuesta fue: “por atizar odios”.  Entendamos: todo periodista, y en general toda persona, que haya criticado el llamado “proceso de paz”, que haya denunciado los crímenes de las Farc, que haya  tratado de hacer la historia de esa agresión comunista, será juzgado por la “jurisdicción” monstruosa, la cual tendrá poder para reabrir todo tipo de casos juzgados. El objetivo de esa “justicia”: que nunca nadie pueda oponerse a los dictados de esa banda.

Lozada fue muy claro sobre la perspectiva de tal “jurisdicción”: “Eso es para todos los colombianos”, lanzó. Y reiteró: “A la jurisdicción especial de paz debemos ir todos los colombianos”. Pero incluso el uso de ese plural fue engañoso. Los jefes de las Farc podrán ir a tal corte pero para reírse del pueblo. Según los planes trazados en La Habana,   ellos no pagarán un solo día de cárcel por sus crímenes puesto que la no-cárcel, dijo Lozada, “es la sanción que acordamos con el Estado colombiano”.

Es de lamentar que Vargas no le haya preguntado sobre los alcances de la “comisión de seguimiento” que es, de hecho, según el mamotreto rechazado por el plebiscito,  el órgano central del régimen “de transición”, pues  es el llamado a “dirimir todas las diferencias que hubiera en la implementación del acuerdo”.

Lozada esquivó hábilmente la pregunta de Juan Roberto Vargas cuando éste aludió, precisamente, al “daño que las Farc  le han hecho a Colombia”. Lozada prometió que la “conducta política” de ellos demostrará que  adoptaron una “decisión de vida, a partir de que creemos que es necesario una sociedad más justa”.

¿Pero con el cuento de la “sociedad más justa” ellos no mataron, robaron, incendiaron y traficaron durante 50 años?

El señor que promete tantas maravillas tiene un prontuario judicial notable: nueve procesos penales pendientes por asesinato y homicidio agravado, terrorismo, secuestro simple y agravado,  narcotráfico  y concierto para delinquir, entre otros, según la Fiscalía de Colombia. Esos procesos, dijo Noticias Caracol,  están en etapa de instrucción y los expedientes fueron repartidos a varias fiscalías del país, incluyendo Bogotá.

El risueño Lozada escapará a la justicia gracias al curioso “acuerdo” Farc-Santos. Él y sus cómplices adquirirán un poder inmenso que aplastará la sociedad civil y militar, como lograron hacerlo sus jefes en Cuba y Venezuela. Lo más desesperante  –y enigmático—de todo esto es que esas personas están avanzando hacia la instauración de un poder castrista con la ayuda del actual jefe de Estado, elegido por los colombianos y convertido ahora en premio Nobel de la paz.  ¿El pueblo colombiano se dejará llevar al matadero sin chistar? ¿El nuevo contexto político internacional que se perfila desbaratará esos planes? Nadie lo sabe. Por eso Lozada quiere instaurar cuanto antes el “gobierno de transición”. Una vez en ese cerco de hierro la fase de seducción será substituida por la fase de la fuerza bruta. Hay que pararlos antes.

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