“La reina de los testigos falsos” por Eduardo Mackenzie

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¿Quién es Ángela María Buitrago?  Tras la victoria pírrica que ella obtuvo al hacer huir de Colombia a Ricardo Puentes Melo, uno de los periodistas de investigación más intrépidos y honestos del país, tras conseguir que un juzgado embargara su domicilio, medida  de gran violencia social y psicológica, algunos tratan de mostrar a la ex fiscal como una eficiente funcionaria cuyas investigaciones “han sido reconocidas incluso por la justicia internacional”.

No hay tal. En agosto de 2010, el Fiscal general Guillermo Mendoza Diago le pidió la renuncia a la señora Buitrago porque las investigaciones que ella pretendía monopolizar, todas de militares que defendieron al país en la lucha contra los narcoterroristas del M19, y de algunos funcionarios y políticos acusados de “parapolítica”,  estaban mal instruidas o estancadas.

Un diario bogotano precisó que el Fiscal Mendoza “fue más lejos y aseguró que algunos de los procesos más representativos que tenía Buitrago al momento de su salida  ni siquiera fueron investigados por ella, sino que únicamente [ella] se encargó de llevarlos a juicio”. En otros casos, los acusados “no fueron ni siquiera acusados”.  Ella tenía “186 procesos y 68 denuncias sin tramitar”, remató Mendoza Diago (1).

Lo peor no fue eso. La señora Buitrago pasará a la historia por ser la fiscal que saboteó la investigación judicial del proceso del Palacio de Justicia (sangriento asalto cometido en Bogotá por el M19 en 6 y 7 de noviembre de 1985). En lugar de continuar la línea abierta por la perspicaz  investigación del Tribunal Especial de Instrucción (TEI) de 1986, de 21 000 folios fuera de los anexos,  ella la desvió y se valió de pruebas fabricadas para crear  otra versión, totalmente paródica, de lo que había ocurrido en los terribles días de la matanza de magistrados indefensos por  terroristas pagados por Pablo Escobar.  Pues su obsesión era condenar, al precio que fuera, al Coronel Alfonso Plazas Vega y al General Arias Cabrales, y mostrar al Ejército de Colombia como una “estructura organizada de poder para cometer delitos”.

El TEI había descubierto, por el contrario,  que  los “desaparecidos” eran  víctimas cuyos “cadáveres no fueron identificados”, y no personas que habían salido con vida del palacio y desaparecido después, como intentaron hacer crear los que querían desviar la investigación para invertir la cadena de responsabilidad: acusar a los defensores del palacio y glorificar a los asesinos.  “En las películas que, con notable minuciosidad se tomaron sobre la salida de los liberados, no aparece ninguno de los empleados o visitantes vinculados a la cafetería”, dijo el TEI. Es lo mismo que constatará en 2012 Hermens Darío Lara Acuña, del Tribunal Superior de Bogotá, quien fue el magistrado que estudió completamente, durante 16 meses, el expediente  de la condena del Coronel Plazas y concluyó en la inocencia de éste. Como los dos otros magistrados, Fernando Pareja Reinemer y Alberto Poveda Perdomo (un ex militante de izquierda), rechazaron la absolución que pedía el magistrado ponente, Lara Acuña redactó un salvamento de voto de 360 páginas donde demuestra de nuevo que el inculpado es inocente. (2).  

Para montar su escenario, Ángela María Buitrago había utilizado dos testimonios (de Ricardo Gámez Mazuera y Tirso Sáenz), que se revelaron falsos. Gámez dejó en una notaría un papel acusando al Coronel Plazas y tomó enseguida un avión que lo llevó a Brasil. Después viajó a Alemania y luego a Bélgica. ¿Quién pagó esos viajes? Misterio. En todo caso, él nunca ratificó su dicho ante un juzgado. Tal prueba fue rechazada por el juzgado. A Tirso Sáenz, un preso peligroso, le ofrecieron dinero y una rebaja de pena por un falso testimonio en la línea de Gámez.

Más grave aún fue el invento de un extraño episodio en donde un individuo con dos nombres, Edgar Villamizar y Edgar Villareal,  afirmó que vio al coronel Plazas dar una orden ilegal en el palacio de justicia, en el momento del rescate. En mayo de 2012, Ricardo Puentes logró dar con el paradero del verdadero Edgar Villamizar y descubrió la verdad: él nunca había rendido testimonio ante fiscal alguna, ni había estado jamás en los hechos del palacio de justicia, ni conocía al Coronel Plazas. Tras escribir su guión sobre Villamizar/Villarreal, sobre el que descansa la condena de primera instancia, a 30 años de cárcel del Coronel Plazas, la fiscal no quiso dar con el paradero del ciudadano cuyo nombre había sido utilizado para montar esa infamia.

El acto periodístico de Ricardo Puentes de descubrir el papel que jugaba en el proceso un tal René Guarín, quien resultó ser un militante del M19, el acto de conseguir el testimonio del doctor José Vicente Rodríguez Cuenca, jefe de antropología forense de la Universidad Nacional de Bogotá, quien confirmó lo que había dicho el TEI sobre los restos humanos de los once “desaparecidos” y, sobre todo, el acto de encontrar a Edgar Villamizar y lograr que contara su vida ante el Procurador General de la Nación y de que hablara ante una radio de Bogotá, el 7 de mayo de 2012, donde dijo que nunca había visto a la fiscal Buitrago, salvo “en la televisión”,  es lo que explica la miserable persecución que se perfeccionó desde entonces contra Puentes y que culminó ahora con su exilio. Buitrago quería cobrarle al periodista esa lucha por la verdad y logró dejarlo, a él y a su familia, en la calle, sin protección alguna.

Pero ocurrió algo más grave aún. Una semana después de que Villamizar hablara  ante emisión radial La Hora de la Verdad, el ex ministro Fernando Londoño Hoyos, quien había acogido y difundido ese testimonio, sufrió un violento atentado en una calle de Bogotá que lo dejó al borde de la muerte. Sus dos escoltas murieron y 53 civiles fueron heridos por la explosión.  Ningún periodista le ha preguntado a la señora Buitrago por esa ominosa coincidencia.

¿Ensañarse contra un detenido enfermo es dar ejemplo de decencia judicial? Fue eso lo que hizo Buitrago y la juez María Stella Jara contra el Coronel Plazas.  El 20 de agosto de 2009, un grupo de hombres y mujeres con uniformes del Inpec  sacó violentamente al Coronel de la habitación del Hospital Militar donde se reponía de una depresión nerviosa causada por el tratamiento brutal que le imponía la Fiscalía. Su esposa, Thania Vega de Plazas, hoy senadora del Centro Democrático, fue maltratada por los captores. Estos inmovilizaron, drogaron a la fuerza y se llevaron al Coronel a la cárcel de la Picota donde fue torturado con métodos dignos del KGB soviético (insultos, privación de sueño, etc.). El estado del enfermo se agravó tanto que nueve días después tuvieron que regresarlo  al Hospital Militar (3). ¿Por qué hicieron eso? ¿Qué designio había detrás de esa operación? Hasta hoy no hay una sola respuesta.

Aunque en la sentencia de primera instancia se ve ya claramente la cantidad de ilegalidades que fueron cometidas por la instrucción contra el Coronel Plazas, una confirmación  muy elocuente y completa de eso fue hecha por el magistrado  Hermens Darío Lara Acuña. En su salvamento de voto,  él derrumba punto por punto los argumentos  de la fiscal Ángela María Buitrago.  El magistrado constató que en el proceso de Plazas Vega “hubo un elevado cúmulo de errores e imprecisiones, a veces directamente inducidas por los testigos, quienes sin critica probatoria logran su cometido, y a veces por decisión directa del fallo”. Según Hermens Lara, hubo “invención de situaciones, de hechos y de actores, cambios dramáticos y radicales de versiones de los testigos”. El explica que “no se encontró prueba alguna de la desaparición forzada de diez personas”.

Lara explicó sus divergencias también sobre el asunto del “poder de mando” del coronel Plazas durante los hechos del palacio, “pieza fundamental cuando se habla de la responsabilidad a título de autor mediato por estructuras organizadas de poder” (p. 615). Anotó que no sólo hubo errores en los levantamientos de cadáveres (donde participaron policías, así como miembros de la Cruz Roja, de la Defensa Civil y del Cuerpo de Bomberos), sino que también el Instituto de Medicina Legal cometió errores que “generaron inconsistencias en las necropsias” (restos de varios cadáveres en una misma bolsa), en las entregas de cadáveres “y en la inhumación de varios de ellos por parte del juez de instrucción penal militar de la Policía Nacional”. 

Sobre esa base, Lara Acuña desbarató  la teoría de que los militares trataron de “dificultar la investigación del paradero de las personas  desaparecidas” (p.616),  pues esos fueron actos en los que no participaron miembros de las fuerzas militares. Así derrumbó la teoría de la “autoría mediata en aparatos organizados de poder”, una de las “premisas esenciales de la condena, y ésta queda, pues, sin soporte”. Lara Acuña rechazó la creencia de los dos otros magistrados que pretenden que  “el Estado colombiano de esa época: Ejecutivo Nacional, Policía Nacional, Ejército Nacional y no se sabe quien más, hicieron parte de una estructura organizada de poder para cometer delitos”. (p. 943).

En vista de eso el magistrado Lara Acuña concluyó que “La sentencia absolutoria es la decisión que ameritaba tomarse”. En un momento de su salvamento de voto Hermanes Darío Lara reiteró: “Para endilgarle responsabilidad penal al procesado [Coronel Alfonso Plazas Vega] hicieron falta verdaderas pruebas pues no se encuentra una sola creíble que lo vincule con la conducta punible de la única persona cuya desaparición forzada está debida y completamente documentada, que es la miembro de la organización guerrillera M19, Irma Franco. En su mayoría, diríase mejor, casi en su totalidad, las referencias a la Escuela de Caballería o al procesado son malintencionadas o dirigidas a buscar otros fines diferentes al esclarecimiento de los hechos.”

El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá estima que tales ilegalidades y abusos deben ser investigados y castigados. En su salvamento de voto escribió: “Se debe investigar a todos aquellos que han falseado hechos, han creado escenarios y los han recreado mal, pero han sido tenidos en cuenta en este proceso para cimentar la condena del procesado”. (4).

Recordar que la investigación pedida por el magistrado del TSB está por hacerse puede ser muy útil. Al crear el escándalo de forzar al exilio a un periodista, la ex fiscal Buitrago abrió una ventana para que las autoridades investiguen, por fin, las escabrosas actuaciones de ella en la Fiscalía. Parece que la ex fiscal Buitrago ha sido enviada a México, por cuenta de la OEA, para que se una al grupo de peritos argentinos y australianos que trabajan en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero, en septiembre pasado.  A la justicia y a la prensa mexicana les interesará saber qué métodos suele aplicar en sus “investigaciones” la ex fiscal colombiana que ahora tendría injerencia en México.

(1).- http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-226200-salida-de-fiscal-angela-maria-buitrago-discusion-no-termina

(2).- Ver el libro Plazas Vega es inocente (Ediciones Gato Azul, Bogotá, 2012, página 21).

(3).- Ver el libro de Thania Vega ¡Que Injusticia! (Editorial Carrera 7ª, Bogotá, 2011, páginas 105-122).

(4).- La integralidad del salvamento de voto del magistrado Hermens Darío Lara Acuña se encuentra en el libro Plazas Vega es inocente.

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