La falsa operación de desminado de las Farc: Por Eduardo Mackenzie

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Por Eduardo Mackenzie
29 de mayo de 2015

 El vasto plan de “desminado humanitario” que anunció el presidente Santos comenzó mal. Tras el acuerdo del 7 de marzo de 2015 en La Habana, según el cual las Farc ayudarían al gobierno  a “excavar las minas antipersonal (sic) sembradas en el país, como una primera medida para irle poniendo fin a la guerra”, el país pensó que la banda terrorista colaboraría al menos en eso y que los contactos en Cuba servían para algo. Las Farc aclararon que grupos de “civiles” harían el desminado con militares colombianos pues ellas no desminarán pero que, en cambio, “contarán dónde están las minas y acompañarán el proceso”. Y se comprometieron, sobre todo, a no volver a sembrar minas. Sin embargo, tal “acuerdo” era puro viento.

Horas después de la atroz muerte de una niña indígena por una mina antipersona que explotó e hirió, el 21 de mayo pasado,  a tres niños más en una zona rural del Cauca, Humberto de la Calle, jefe de la delegación del gobierno en la mesa de diálogos, reiteró desde La Habana que las Farc debían asumir el compromiso de no sembrar más minas. Gracias al acuerdo de marzo, las Farc lograron que Santos le permitiera a un grupo de jefes terroristas que estaba en Cuba reingresar a Colombia para “liderar” esa labor “humanitaria”. Ese grupo entró, dictó una l�= Dnea contraria a dos frentes guerrilleros, salió 72 horas después y se burló nuevamente de la paz y del país.

El 25 de mayo pasado, cinco días después de que regresara a Cuba ese grupo, la Policía incautó tres toneladas de explosivos de las Farc en Nariño, no lejos de la frontera con Ecuador. Eso demuestra que las Farc, mientras dicen que “ayudarán a desminar”, siguen importando cantidades enormes de explosivos para hacer más y más minas antipersona.

 Para las Farc el programa convenido de “desminado humanitario” es una forma adicional para llevar al gobierno a una situación de parálisis de sus fuerzas militares y de policía, lo que las Farc llaman un “cese bilateral al fuego”, pues el Estado, según ellas, deberá cesar sus operaciones militares allí donde se vaya a desminar, o se haya desminado. Anderson Figueroa,  un cabecilla del frente 36 de las Farc, después de conversar con Edilson Roma�= 1a, quien viajó de Cuba a Colombia a “socializar” el desminado, dijo aInformativo Insurgente, una plataforma de propaganda de las Farc en Cuba, que  la guerrilla está “inquieta” pues el desminado depende de que no haya nuevos bombardeos contra campamentos guerrilleros. Romaña confirmó eso y reiteró que  “no tendría sentido entregar una zona descontaminada de minas para que después el gobierno la bombardee”. Esa condición viola lo pactado en marzo.

Ese plan, por otra parte, no producirá efectos sino dentro de muchos años (por eso quizás el desminado es visto por Bogotá como una tarea más del lejano “postconflicto”) pues las Farc dicen cínicamente que ya olvidaron dónde están esas minas y que sólo recuerdan dónde plantaron las más recientes, como en Putumayo, donde el frente 48 minó, como reveló La Silla Vacía, “todos los caminos veredales y rastrojos para frenar una operación de erradicación forzosa de cultivos locales de coca”, razón por la cual “la gente vive en un estado de perpetuo temor”.

Se trata, pues, de una operación que tomará mucho tiempo. Circula ya en despachos oficiales un “mapa de desminado” que incluye los 102 municipios más afectados. La perspectiva es limpiar de minas 15 de esos municipios este año, 30 en 2016, 50 en 2017 y culminar esa primera fase en 2021. Pues tendrá que haber otras fases ya que la totalidad de municipios afectados por las minas es de cerca de 700.

 Las Farc exigen, por otra parte, que “grupos de civiles” participen en el desminado, lo cual no es visto con buenos ojos por el ministerio de Defensa. Esos grupos “civiles” serán, en muchos casos, Ongs extranjeras cuyo origen, ideología y agenda nadie conoce. Son Ongs con ínfulas que no rinden cuentas a nadie y que subcontratan con terceros locales el desminado efectivo, para quedarse con el dinero y no correr peligros. Nada de eso es de buen augurio ni para la soberanía nacional ni para la seguridad de la fuerza pública en las zonas afectadas por la violencia narco-guerrillera.

En cambio, los planes del Ejército son coherentes. Está formando nuevos equipos de desminadores dentro de un vasto esquema que consiste en formar, en los próximos diez años, 10 mil operadores. El presupuesto qu e el país tendrá que configurar para tal actividad a largo plazo abre los apetitos de las Ongs y hasta de aventureros.

Otro factor que choca sobre todo a las víctimas de las minas antipersona, categoría que incluye miles de policías y soldados,  es la negatividad de las Farc ante el problema. Ellas pretenden que no saben dónde están las minas y se niegan a participar directamente en el desminado aún si firman la paz, y no han querido admitir que deben fi nanciar gran parte de esa operación de largo aliento por ser ellas las que contaminaron al país entero con esas armas prohibidas por la legislación internacional. Ninguno de esos puntos ha sido resuelto por la mesa de conversaciones en La Habana.

 Hasta ahora el desminado pactado entre Santos y las Farc solo ha servido para que éstas hagan su propaganda y muestren al Estado como el diseminador de minas. Y para reforzar el control de la cúpula narcoterrorista sobre algunos frentes guerrilleros.

 Aunque la prensa dijo inicialmente que tres jefes de las Farc en La Habana entrarían a Colombia para predicar el desminado entre su gente, la comitiva resultó ser mayor. En el video del Informativo Insurgente, las Farc dicen que  seis guerrilleros llegaron con protección de Santos al aeropuerto de Rionegro, Antioquia, el 15 de mayo de 2015,  para “coordinar los preparativos del proyecto piloto para la descontaminación de territorios de explosivos”. En ese punto se separaron en dos grupos: Pastor Alape, Isaías Trujillo y Samy Flores partieron en un helicóptero militar con emblemas de la Cruz Roja, hacia San Isidro, municipio de Anorí, Antioquia. El segundo, integrado por Carlos Antonio Lozada, Edilson Romaña y Milena Reyes, salió hacia Florencia, Caquetá, en condiciones similares.

 Al final, el balance fue negativo. En ninguna de esas localidades hubo un solo acto a favor del desminado. Los jefes se reunieron con sus subalternos durante cuatro días y éstos se sirvieron de la población civil como escudos humanos para protegerse. Ninguna decisión de desminado ni de paz salió de esas reuniones. Los textos e imágenes del citado video fariano hablan por sí solos. En una de esas reuniones,  Carlos Antonio Lozada anunció que va a publicar una carta que el presidente Santos le envió a las Farc antes de que comenzaran los diálogos en La Habana.  “Es una herramienta muy importante que tenemos en nuestras manos”, lanzó el jefe terrorista. Según Lozada, Santos dice allí: “Estuve mirando la plataforma bolivariana [de las Farc] y veo que allí no hay nada que no se pueda negociar, sobre lo cual no se pueda hablar, les propongo que sobre esa base nos sentemos a conversar”. Si eso es “liderar el proceso de desminado” nada bueno se puede esperar del pacto de marzo.

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