¿Cuántas víctimas podrían repararse con un presupuesto de 33 billones de pesos, cuántas minas antipersona se podrían desenterrar con esa impresionante suma?

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¿Cuántas víctimas podrían repararse con un presupuesto de 33 billones de pesos, cuántas minas antipersona se podrían desenterrar con esa impresionante suma?

La fabulosa fortuna de las FARC alcanza dimensiones estrambóticas, producto de décadas de extorsión, secuestro, abigeato, narcotráfico, minería ilegal, relaciones con otros grupos terroristas e incluso, con gobiernos cómplices de su denominada “combinación de todas las formas de lucha”.


No es una fábula como sugiere el terrorista Iván Márquez, empoderado desde una cuenta de Twitter, lo que han revelado tanto el gobierno de los Estados Unidos como la revista The Economist.  La fortuna del grupo más criminal y sanguinario que ha tenido Colombia en su historia asciende a la escandalosa suma de 33 billones de pesos, equivalente a unos diez mil millones de dólares.

Las revelaciones hechas por una de las más rigurosas fuentes del periodismo económico en el mundo señalan, contrario a la miseria en la que se han declarado las FARC, que el grupo terrorista tendría inversiones ubicadas en Colombia en el sector transporte, innumerables bienes inmuebles e incluso, inversiones en la bolsa de valores. De ser así se abre un escenario de lavado de activos y testaferrato que valdría la pena esclarecer. ¿Qué personas y qué empresas se han prestado para lavar activos del narcotráfico y otras actividades mal habidas a estos delincuentes?
Pero en Colombia no terminan los tentáculos financieros de las FARC. Habría también inversiones en Costa Rica, Ecuador y Venezuela, los dos últimos, han demostrado a través de sus gobiernos un claro favorecimiento y complacencia con el terrorismo.
Así las cosas, está comprobado que la única miseria que se reconoce en las FARC es su pobreza ideológica, porque si de recursos económicos se trata, lo divulgado por The Economist. y el gobierno norteamericano es de proporciones colosales, tanto así que un presupuesto de esa naturaleza equivale dos veces al presupuesto de un plan de desarrollo de una ciudad capital en Colombia.
Por otra parte, el subsecretario de estado de EE.UU para narcóticos y ex embajador en nuestro país, William Brownfield fue enfático al señalar que las Farc han sido identificadas desde hace casi 20 años en lista de organizaciones narcotraficantes y terroristas que tiene en su base de datos Estados Unidos, y que este estatus no ha cambiado pese a los diálogos de paz de La Habana.
Brownfield también aseguró que su gobierno tiene información clasificada y reservada sobre los recursos y movimientos de lavado de activos de las FARC como resultado de sus actividades de narcotráfico, razón por la cual, es curioso como algunos funcionarios del gobierno colombiano digan estar extrañados de las informaciones reveladas por The Economist.
Es evidente que ante este escenario no se puede esquivar la responsabilidad de reparación a las víctimas por parte de las FARC en el entendido de una eventual firma del proceso de paz, como también es evidente que con un capital así de representativo, las FARC están en capacidad de pagar el desminado de todo el territorio colombiano, solo para citar dos ejemplos. Igualmente, es evidente que el gobierno debe proceder al rastreo de bienes, cuentas, testaferros, empresas y demás partícipes del ocultamiento de esta fortuna corrupta.
La seriedad de las fuentes requiere que dicha información sea tomada muy en serio.

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