El Gobierno sufre Síndrome de Estocolmo con las FARC’

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El conservador Alejandro Ordóñez (Bucaramanga, 1955) habla sin tapujos del delicado momento que atraviesa el proceso de paz con las FARC. Crítico con el Gobierno de Santos, asegura que para salvar las negociaciones de La Habana hace falta un pacto para acabar con la división social que ha provocado el diálogo con la guerrilla.

El procurador general de Colombia (un órgano autónomo de control) no tiene prisa. Usa papel y lápiz para explicar la importancia deerradicar los cultivos de coca para dejar sin “combustible criminal” a las FARC. Sus líneas rojas: penas de cárcel y que los ex guerrilleros con delitos de sangre no puedan entrar en política.

 

 
 

 

¿Qué opina del estado del proceso de paz en La Habana? ¿Está herido de muerte?
Está en cuidados intensivos. Pero no podemos dejarlo morir. Hay que aplicarle todos los correctivos necesarios para salvar el proceso. Es una oportunidad que el país no puede desaprovechar.
¿Cuáles son los escollos que impiden que avance el proceso?
Hay un creciente escepticismo en la opinión pública provocado por la obstinación de las FARC por continuar con sus acciones criminales contra la sociedad civil y las fuerzas públicas. La guerrilla ha continuado reclutando niños, sembrando minas antipersona, traficando con droga y secuestrando. Siguen matando colombianos. El proceso de paz se ha utilizado para dividir al país entre buenos y malos, entre amigos y enemigos de la paz. Al Gobierno le ha faltado liderazgo para promover y para concitar la unión de todos los colombianos en torno al proceso de paz.
¿Quién ha utilizado las negociaciones de paz para dividir al país?
El Gobierno en gran parte, pero también los críticos. Si se quiere salvar el proceso es necesario suscitar un pacto para la paz entre ambos.
¿Cuándo dice críticos se refiere al sector ‘uribista’?
No necesariamente, es un error pensar que los críticos están sólo en el ‘uribismo‘. Entre ellos hay diferentes sectores sociales, políticos, institucionales. El Ejecutivo debe estar dispuesto a escuchar las críticas y a corregir lo que sea corregible del proceso. Y los críticos deben estar dispuestos a escuchar las explicaciones del Gobierno y a aceptarlas, las que sean razonables. Ni el proceso es perverso por sí mismo ni los opositores son enemigos de la paz. El acuerdo debe comprometer a todos los sectores del país.
¿Cómo valora la muerte de Jairo Martínez, miembro de la guerrilla que participaba en la mesa de diálogo en Cuba? ¿Cree que las FARC van a contestar?
Las FARC nunca han abandonado la actitud de violencia durante estos ya casi tres años que lleva la negociación en marcha.
¿Atraviesa el proceso su peor momento desde que se iniciaron las conversaciones?
Es un momento muy grave y muy preocupante. Pero de las crisis se deben extraer enseñanzas para continuar adelante. Esta crisis, que comenzó hace varios meses, se ha profundizado y hay que aprovechar para corregir los errores.
¿Cuáles han sido esos errores?
De parte de la guerrilla, primero, haber continuado con sus acciones criminales contra la sociedad civil. Segundo, pretender o exigir absoluta impunidad frente a los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad y las graves violaciones de los derechos humanos. Tercero, pretender que la mesa de La Habana sea soberana, es decir, que desde allí se pueda condicionar al Estado para que implemente una revolución por contrato.
¿Y por parte del Gobierno?
Primero, no haber exigido a las FARC ninguna condición para iniciar el proceso. Segundo, haber legitimado políticamente a la guerrilla y desconocer que quien se sentaba en la mesa era un ejército diezmado, acorralado y disminuido. El Gobierno está sufriendo el síndrome de Estocolmo, su actitud es de concesión permanente.

El Estado debe seguir actuando de la forma que ha actuado en los últimos días. Al Ejército no se le puede amarrar las manos

¿Por qué Santos decide incorporar ahora a la ministra de Exteriores a la mesa de negociaciones?
No sé las razones por las que se sienta la canciller. Puede ser porque se considera que tiene gran capacidad de negociación, puede ser porque conoce todos los compromisos que tiene Colombia con la Justicia internacional. Puede ser porque los miembros de las FARC estarían considerando la posibilidad de pagar las penas en el exterior…
¿Cuáles son las líneas rojas que no debería cruzar el Gobierno a cambio de la paz?
La primera es que debe haber penas privativas de libertad efectivas. Penas reducidas, pero debe haber cárcel. La segunda, la entrega material y física de las armas. Las FARC no pueden quedarse ni siquiera con un alfiler. Desmovilización total. Reparación de las víctimas por parte de sus victimarios. Lo cual implica verdad, justicia, reparación y no repetición.
El ex presidente Mújica se ofreció a mediar en el conflicto, ¿tiene alguna noticia de que se vaya a aceptar su ofrecimiento?
Eso lo sabe el Ejecutivo, pero toda la diplomacia internacional debería desplegar sus mejores esfuerzos. Sin embargo, el Gobierno de Santos no tienen ningún mediador y en este tipo de procesos suele haberlo.
¿Cómo interpreta la sustitución del ministro de Defensa? Usted ha declarado sentir tristeza por la salida de Juan Carlos Pinzón.
Fue un ministro que interpretó fielmente a las fuerzas militares y que cumplió su función con cabalidad.
¿Cómo son las relaciones con el fiscal general de su país?
Las relaciones personales son buenas [risas]. En las institucionales hay discrepancias que son comprensibles dentro de un sistema jurídico donde hay roles diferentes. Y donde hay autoridades autónomas frente a temas tan sensibles como el proceso de paz. Esas controversias se han producido, se están produciendo y se seguirán produciendo. Yo seguiré cumpliendo con mis roles constitucionales. Pierden el tiempo quienes nos aconsejan que nos callemos o que no nos metamos.
¿En su opinión, hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente Santos para alcanzar la paz?
Los funcionarios públicos no podemos hacer lo que queramos sino lo que debamos. El presidente debe ir hasta el final dentro de la ley y el ordenamiento jurídico. Y eso es lo que esperamos las autoridades, lo que espera el país, lo que esperan las víctimas.

Otro de los errores del Gobierno al iniciar el proceso fue no fijar tiempos, ni límites ni fechas

Resulta paradójico que continúe el diálogo de paz cuando sigue habiendo muertos de un lado y de otro… ¿no debería haber unos mínimos para negociar?
El Estado, y por ende nuestra fuerza pública, utiliza las armas y la fuerza legítimamente para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Quienes la utilizan ilegítimamente para incurrir en crímenes son las FARC. No se puede equiparar a las fuerzas militares con la guerrilla. Precisamente el gran error del Gobierno fue no haber exigido a las FARC como condición para comenzar las conversaciones el cese unilateral. El Estado debe seguir actuando de la forma que ha actuado en los últimos días, al Ejército no se le puede amarrar las manos.
¿Habrá acuerdo en 2015 como preveía el Gobierno?
Ése fue otro de los errores del Ejecutivo al iniciar el proceso, no fijar tiempos ni límites ni fechas. Las FARC utilizan esa circunstancia para dilatar indefinidamente las negociaciones y obligar al Estado a entrar en una especie de conversaciones perpetuas convirtiéndose en lo que en Colombia se conoce como el ‘Estado dialogante’.
Porque, ¿qué es lo que quieren exactamente las FARC, una amnistía total?
Exigen dos cosas, que son las generan más escepticismo. Una, amnistía o indultos para toda clase de delitos: genocidio, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad… Y dos, que los máximos responsables de la guerrilla puedan entrar en política. Esto sería revictimizar a las víctimas, es decir, que sus asesinos les gobernasen. La sociedad colombiana no está dispuesta a admitir eso. Admiten que se reduzcan las penas y que miembro de las FARC sin delitos de sangre participen en la vida política.
¿Cuál es su posición frente a la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato?
Hace 25 años, para luchar contra el narcotráfico desde su origen, se optó por la fumigación con un herbicida llamado glifosato para destruir cultivos de coca situados en lugares minados o de difícil acceso. Hace 15 días se ordenó la suspensión definitiva de las fumigaciones, que eran el instrumento más eficaz contra el narcotráfico. Aunque desde 2012, el Gobierno ya había ido desmontando sistemáticamente la aspersión y la erradicación manual de los cultivos ilícitos hasta reducirlos un 45%. Ahora la estrategia del Ejecutivo no es combatir el primer eslabón sino el último, el tráfico.
¿Qué consecuencias ha tenido este cambio de estrategia?
Según las estadísticas, los cultivos ilícitos han aumentado un 39% y hoy se cultivan 88.000 hectáreas. Colombia está nuevamente inundada de coca y la más beneficiada es la guerrilla. Las alforjas de las FARC se llenarán aún más, y el combustible de la empresa criminal es el narcotráfico.
Pero hay una orden judicial para detener las fumigaciones porque el glifosato puede producir cáncer…
Existe una orden judicial que el Gobierno ha interpretado interesadamente. El juez aplicó el principio de prevención y ordenó que se realizara un estudio técnico sobre el impacto del glifosato en el Medio Ambiente y en los habitantes de las zonas rurales. Estudio que el Gobierno nunca elaboró.
Pero presentó un estudio del IARC (dependiente de la Organización Mundial de la Salud) que cataloga el glifosato como una sustancia ‘probablemente’ cancerígena.
El estudio científico dice que sólo las personas que manipulan el glifosato corren riesgo de padecer cáncer y los campesinos de las zonas fumigadas no manipulan habitualmente el herbicida. La razón de suspender la fumigación de los cultivo de coca no es proteger el Medio Ambiente ni a los campesinos, sino cumplir con las FARC.

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